El principio de contradicción posibilita mediante un debate que se respete la igualdad de las partes y se pueda alcanzar la verdad material.
Los medios de pruebas deben ir en relación con el principio de contradicción para otorgar a las partes la oportunidad de pronunciarse respecto al medio de prueba.

AS 1111/2019, del 22 de octubre de 2019:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
“Descrito los antecedentes, debemos señalar que el proceso tiene una naturaleza dialéctica por eso la exigencia de contradicción es sustancial en el mismo, bajo el principio procesal de contradicción, por el que las partes tienen derecho a exponer sus argumentos y rebatir los contrarios, según describe el art. 1 num. 15) del Código Procesal Civil; lo que asegura el derecho a la defensa que se desarrolla en el lineamiento del principio de igualdad procesal de las partes, conforme el art. 1 num. 13) del mismo cuerpo legal, es la igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. En ese mérito, estos principios actúan en el proceso de manera armónica, ya que posibilitan que mediante un debate se respete la igualdad, defensa de las partes y se pueda alcanzar la verdad material, para asumir una decisión coherente con los hechos, así la SCP N° 0863/2018-S3 de 18 de diciembre, señaló que: “…la solución de los conflictos en todo proceso es compatible con la búsqueda de la verdad material, ya que, actualmente una resolución que sólo se fundamente en la verdad formal de un proceso, por sobre la verdad sustancial o material de los hechos, genera incertidumbre en las partes y resulta contrario al Estado Constitucional de Derecho, por lo que toda autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa que dirima un conflicto, está en la obligación de prever y sujetarse al principio de verdad material, sin que esto signifique limitar el derecho de defensa, el principio de contradicción e igualdad de las partes”.
“(…)
“En tal circunstancia, la prueba adjunta a ese memorial, en la que se encuentran las literales reclamadas en casación de fs. 188 a 196, 226 a 234 y 274 a 282, no fue sujeta a contradicción de las partes, ya que al haberse rechazado por su extemporaneidad, más allá de su formalidad de admisión y producción no se dio oportunidad a la parte actora de observar u objetar esas literales, más aun tratándose de una pericia que tenía otro mecanismo de obtención; lo que produjo, al haberse considerado por el Auto de Vista para establecer la cuantía de las mejoras y construcciones, vulneración al principio de igualdad procesal de las partes, establecido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, pues se debió considerar que un medio de prueba necesariamente debe estar sujeto al principio de contradicción, otorgándole a las partes la oportunidad de pronunciarse sobre el medio presentado por la parte opuesta, y al no hacerlo quebrantó la garantía del debido proceso, incidiendo además que la verdad material debe actuar en armonía con el principio de igualdad procesal, buscando un equilibrio entre los sujetos del proceso de modo que uno no se vea afectado en sus derechos con el favorecimiento del otro.
“En consecuencia, se considera que, al haber establecido la cuantificación del monto a restituir por mejoras y construcciones de $us. 10.089, el Auto de Vista se apartó del principio de contradicción y por tanto vulneró el debido proceso al considerar las pruebas de fs. 188 a 196, 226 a 234 y 274 a 282, todas estas referidas a un informe técnico de cuantía del inmueble, sin embargo, debe quedar establecido que al haber cuestionado expresamente esas pruebas no se podría cuestionar la determinación asumida en alzada respecto a la existencia de mejoras y construcciones efectuadas por la parte demandada en el inmueble en litigio sobre la base de otras pruebas no observadas en casación, con lo que no se desvirtuó el razonamiento emitido al respecto, siendo revertible solo la decisión de la fijación del monto en función al contenido del recurso de casación, que deberá ser asumido en ejecución del fallo. Por lo manifestado, se concluye que el argumento de casación es suficiente para revertir en parte la decisión asumida en el Auto de Vista recurrido, por lo que corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.IV del Código Procesal Civil.
(El resaltado es nuestro.)

Los autos interlocutorios serán los que resuelvan aquellas cuestiones suscitadas durante la tramitación del proceso.

AS 786/2018-RI, del 22 de agosto de 2018:

“CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:
“De la compulsa del Auto de Vista se advierte que en su parte resolutiva genera una resolución mixta, es decir emite dos tipos de resoluciones, por un lado CONFIRMA el Auto interlocutorio de fecha 30 de enero de 2017 y posteriormente ANULA la sentencia, bajo este escenario la empresa recurrente funda y sustenta todo su recurso única y exclusivamente contra la determinación que confirma un Auto interlocutorio, argumentando que G.N.S. al momento de interponer la demanda carecía de poder de representación, y no contra el fundamento que anula la sentencia. Estando claro el panorama jurídico ante el cual no encontramos, es decir que únicamente es motivo de análisis en esta etapa de admisibilidad la resolución que confirma el incidente de nulidad resuelto en fecha 30 de enero de 2017 inserto en el acto de fs. 503 a 513 vta., y no la determinación que anula la sentencia, se debe aclarar que esta parte del fallo (el cual confirma el auto interlocutorio) por sí sola no admite casación, al encontrarse inmersa como una causal de improcedencia objetiva desglosada en la doctrina aplicable III.1.1.b, debido a que por su naturaleza no admite este medio de impugnación extraordinario (casación), por no tener ese carácter de definitivo, ya que para ser entendida o asimilada como una resolución de carácter definitivo debe cortar procedimiento ulterior o hacer perder competencia al juzgador, y para ser entendidas o catalogas en esa forma necesariamente deben ser acogidas por las autoridades jurisdiccionales, ya sea en primera o segunda instancia para producir ese efecto, pero en el caso de autos el incidente de nulidad ha sido rechazado en primera instancia y confirmado en apelación, en consecuencia no ha generado efecto jurídico alguno, es decir no se ha cortado procedimiento ulterior ni las autoridades jurisdiccionales han perdido competencia, en consecuencia la parte o determinación que es impugnada por el recurrente (Auto interlocutorio que rechaza el incidente de nulidad) no admite casación.
“Con la aclaración que el presente análisis no alcanza a la parte que anula la sentencia, al no ser motivo de objeción por la empresa recurrente.”
(El resaltado es nuestro).

FUENTE: art. 370 ACPC. 

CONCORDANCIAS: arts. 24.6 y 340 CPC, rechazo de incidentes; art. 1.15 CPC, principio de contradicción; art. 210 CPC, auto interlocutorio; art. 307.III CPC, contradicción diferida. 

El art. 315 del nuevo Código Procesal Civil (CPC) lleva por título “resolución y cumplimiento”. Está distribuido en tres partes que se refieren principalmente a: (1) el contenido de la resolución sobre cautelares (parágr. III), (2) su ejecución inaudita parte (parágr. II) y, (3) el momento en que el afectado puede oponerse a la medida (parágr. III).

Aunque regulado en último lugar, según la sistemática del art. 315 CPC, conviene referirse primero a la resolución sobre cautelares. En este entendido, el parágr. III no establece requisitos de forma, y solo se refiere una única exigencia: la necesidad de motivar la resolución que admita o rechace las cautelares.

La resolución que resuelve sobre las cautelares reviste la forma de auto interlocutorio. Ciertamente no se trata de un auto definitivo porque no se está resolviendo el fondo de la causa, ni ponen fin al proceso (art. 211.I CPC). Por lo tanto, en cuanto a su contenido, deberá cumplir los requisitos del art. 210 CPC, siendo el más relevante la expresión de los fundamentos jurídicos de la decisión (núm. 2).

Sobre esto el Tribunal Constitucional Plurinacional indica que, “la garantía del debido proceso y la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales permiten concluir que, en los casos en que se imponen medidas precautorias, la autoridad judicial que las determina, se halla también compelida a efectuar una fundamentación legal sobre su pertinencia, no siendo viable, ordenarlas, sin realizar consideración alguna al respecto, asumiendo una decisión de hecho y no de derecho, que no permita conocer los motivos y razones jurídicas para arribar a la decisión. Así, resulta lógico que, el juzgador que conozca la causa en la que se solicite la imposición de las medidas precautorias analizadas en el presente Fundamento Jurídico, deba realizar un estudio de las circunstancias particulares del proceso y la petición de su imposición, verificando si concurren los requisitos y supuestos para su procedencia, advirtiendo la urgencia y la necesidad ineludible de la medida precautoria. Sólo así, las partes tendrán convencimiento que la medida asumida, no es irrazonable, sino que responde a una decisión efectuada bajo razonamientos lógico jurídicos sólidos y la preocupación de lograr el objeto máximo por el que se dispone su aplicación, tomando en cuenta que a lo que se propende es a asegurar el resultado de la sentencia que debe recaer en un proceso determinado, haciendo posible el cumplimiento del fallo a pronunciarse; claro ésta, sin causar perjuicios o gravámenes innecesarios a los intervinientes no únicamente en la relación procesal, sino a terceros ajenos al proceso, cuyos intereses se vieran afectados por la determinación tomada” (SCP 0630/2015-S2, del 3 de junio, FJ III.3).

La necesidad de fundamentar la resolución deviene, de origen, del art. 210.4 CPC, pero el legislador también insiste en la necesidad de este requisito en el art. 315.III CPC y en el art. 320 CPC. En este último artículo la Ley exige la motivación de la resolución agregando elementos puntuales de ella: la referencia a (1) la verosimilitud del derecho, (2) el peligro en la demora y, (3) la proporcionalidad de la medida. Es decir, se trata del contenido mínimo indispensable para entender que la resolución se encuentra adecuadamente fundamentada, y que es congruente con lo alegado por el solicitante según lo establecido por el art. 311.III CPC (la justificación documental del fumus boni iuris y el periculum in mora).

Entonces, para conceder la medida cautelar el juez deberá fundar su decisión en los elementos probatorios aportados por el solicitante (arts. 315.II y 311.III CPC). Y lo mismo cuando tenga que resolver sobre la revocación de la medida. Conviene insistir en que no se trata de prueba plena del derecho reclamado, ya que esto se discutirá en el proceso principal y se resolverá en sentencia. Se trata de indicios probatorios sobre la verosimilitud del derecho reclamado y el peligro en la demora de la sentencia (art. 311 CPC).

En cuanto al plazo para emitir la resolución, este será el común para todos los autos interlocutorios (art. 212.II CPC), por lo que deberá dictarse en el plazo máximo de cinco días de solicitada, cuando se admitiere o denegare, o se tratase de una modificación pedida por el actor. El mismo plazo regirá para la solicitud de modificación solicitada por el demandado, pero dicho plazo se computará desde la contestación del demandante.

El segundo elemento del art. 315 CPC, y también de trascendental importancia, es el indicado en el parágr. I de la norma citada: las cautelares: (1) se decretan inaudita parte y, (2) una vez ordenada, debe ser cumplida.

El hecho que la medida cautelar sea concedida sin audiencia contraria no vulnera el principio de contradicción. Si se diere noticia a la otra parte antes de conceder la medida, su finalidad se vería frustrada y estaríamos ante medidas inútiles. En esto, el factor sorpresa es determinante para evitar que el demandado oculte o destruya, física o jurídicamente, los bienes o derechos en litigio. Además, la ejecución tardía de la cautelar podría significar un perjuicio irreparable para la parte.

Con la disposición del art. 315.I CPC el legislador busca que el demandado no dilate la ejecución de la medida, pero, sobre todo, que no se anticipe a la medida cautelar, realizando actos que la vuelvan ineficaz. Por ejemplo, si se tiene que embargar un bien, que dicho bien todavía exista o siga siendo propiedad del demandado al momento de la efectivización del embargo.

La Ley es clara: una vez ordenada, la cautelar debe ser cumplida. Salvo, claro está, una modificación de los presupuestos que llevaron a su ejecución. Lo que concuerda con la característica de variabilidad de la medida. Pero esta modificación se dará, habitualmente, luego de la efectivización de la cautelar, ya que el afectado estará pidiendo la alteración de una medida ya existente.

Lo que el legislador quiere con la segunda parte del parágr. I es evitar que la tutela cautelar sea burlada u obstaculizada por la parte. No se debe olvidar que la medida cautelar no prejuzga el fondo de la controversia, y tiende más bien a asegurar los resultados de una sentencia estimatoria de la pretensión. Por lo tanto, la inmediata ejecución de la medida tiene carácter de urgencia. Si bien la cautelar muchas veces limita el poder dispositivo del derecho por parte de su titular, no lo anula. Además, se buscará siempre la ejecución de la medida menos gravosa para el demandado (art. 314 CPC), ya que el juez debe evitar perjuicios innecesarios.

Como vimos, con la adopción de la cautelar sin noticia contraria no se vulnera el derecho a la defensa, porque simplemente se posterga el momento en que el demandado conocerá de la medida: en el plazo de tres días desde su ejecución (parágr. II). Desde este momento, el demandado podrá utilizar todos los medios de defensa que la norma procesal le autoriza. Podrá, por ejemplo, pedir la revocación de la medida o la sustitución por una menos gravosa o menos rigurosa (art. 321.II CPC).